Vigilancia sin límites: el software espía que el gobierno compró y nadie supervisa
Emiliano Torres
Reportero de investigación. Ex colaborador de Animal Político y Proceso. Cubre temas de corrupción, gasto público y opacidad gubernamental.
Nota sobre la adquisición de tecnología de vigilancia digital por parte de agencias federales sin controles judiciales ni legislativos adecuados.
En diciembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad federal firmó un contrato por 280 millones de pesos con una empresa israelí de ciberseguridad. El objeto del contrato: "herramientas de análisis de comunicaciones digitales". En lenguaje llano: software espía.
Sin supervisión judicial
A diferencia de las intervenciones telefónicas tradicionales —que requieren orden judicial—, las herramientas de vigilancia digital operan en un vacío legal. La legislación mexicana no contempla específicamente la interceptación de comunicaciones cifradas, el acceso remoto a dispositivos móviles ni la recopilación masiva de metadatos.
Esto significa que una dependencia federal puede, técnicamente, monitorear las comunicaciones de cualquier ciudadano sin que exista un mecanismo legal de autorización o control. No es ilegal porque la ley simplemente no ha llegado ahí.
El precedente que preocupa
México ya vivió el escándalo de Pegasus en 2017, cuando se reveló que el gobierno había utilizado software espía contra periodistas y defensores de derechos humanos. Las promesas de que "nunca más" se repetiría quedaron en eso: promesas.
La vigilancia sin controles no protege a los ciudadanos. Los vigila. Y en un país donde ser periodista es un riesgo, esa distinción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.